El Gobierno español ha publicado el Decreto de Reforma Sanitaria con el que pretende un ahorro de 7.000 millones de euros. Las nuevas normas aumentan el copago de los medicamentos, que por primera vez afectará también a los jubilados, excluye a los inmigrantes en situación irregular, a los españoles mayores de 26 años y a las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social. Además se establece un copago para las prótesis, los productos dietéticos, el transporte no urgente en ambulancia,

El sistema sanitario español ha sido hasta ahora el orgullo del país. Ahora los recortes van a cambiarlo, aunque el Gobierno no acepta esa posibilidad. Pero las tijeras harán su trabajo. Lo que es seguro es que quienes más van a notar el Decreto de Reforma Sanitaria son los jubilados con las pensiones más bajas, los parados, los jóvenes y los inmigrantes.

Según el decreto, las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para aplicar las disposiciones el 1 de julio de 2012.

El Portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, dice que «no hay ética política que justifique dejar sin tratamiento a personas que pueden morir», refiriéndose a los inmigrantes que el 1 de septiembre se quedarán sin la tarjeta sanitaria. Pero lo más grave, para el portavoz es el daño que se causa con el pago de las medicinas en función de la renta que hará que los pensionistas abonen como mínimo 8 euros al mes por su gasto en farmacia. Los medicamentos serán gratuitos para los afectados por el síndrome tóxico, una intoxicación por aceite de colza adulterado que afectó a unos 20.000 españoles en 1981, personas con discapacidad y los que cobren pensiones de integración social y no contributivas. Tampoco las pagarán aquellos prefijos telefónicos que sigan un tratamiento por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

Cuando la enfermedad del jubilado le obligue a gastar en medicamentos una cantidad mayor que el tope establecido por su pensión, el Gobierno se la devolverá con seis meses de retraso. Es decir tendrá que adelantar un 4 por ciento de su jubilación si decide continuar con el tratamiento. En caso contrario, dice Martínez Olmos, podría prescindir de algunos fármacos y terminar en el hospital. Con lo que saldría más caro el remedio que la enfermedad.

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