La elaboración de una ley de educación siempre ha sido conflictiva porque tiene una gran carga ideológica, plantea un modelo de enseñanza orientado a formar a los niños y los jóvenes con unos valores y unos conocimientos que, según cada concepción de la sociedad, se consideran fundamentales. Aquí surge la primera confrontación porque los modelos de sociedad que se defienden no son iguales.

La postura del sector progresista pretende formar personas profundamente democráticas, respetuosas con las distintas posturas, con un espíritu crítico, que piensen por sí mismos, que se habitúen a discernir el por qué de las cosas, de un postulado matemático o de una orden, con profundos valores solidarios y una formación profesional sólida adquirida con metodología pedagógica de base científica.

Para el sector progresista la filosofía, que ahora se ha suprimido, es importante porque habitúa a pensar críticamente, es importante la función del Consejo escolar en el que esté integrado el equipo docente, los alumnos y los padres y madres porque es una escuela de participación y democracia. Con la Ley que se ha aprobado solamente tendrá una función consultiva.

Otras posturas priman el esfuerzo, la disciplina y una preparación orientada a las necesidades concretas del mercado, de las empresas.

La izquierda pretende contribuir a eliminar las dramáticas diferencias sociales, de nivel económico y cultural y la discriminación étnica o religiosa. Defiende la integración de los niños y las niñas en la misma aula. La nueva ley contempla la posibilidad de conceder subvención a colegios con separación de sexos.

Por esta razón la izquierda prima la Escuela Pública donde tienen cabida todos los niños y niñas, cualquiera que sean los condiciones económicas, culturales, étnicas o religiosas de las familias y defiende la enseñanza laica, no admite que la religión esté incluida en el curriculum escolar, como una asignatura más, como será a partir de ahora.

Se añade, además, una concepción económica, para la izquierda no puede mercantilizarse la enseñanza, es un valor de uso, no se compra ni se vende, y es una de las inversiones más rentables para el futuro de un país.

La universidad no puede ser un coto para las capas con más medios económicos, debe estar abierta a todos los alumnos con aptitudes motivados para el estudio y la investigación. Es preciso, por lo tanto, un sistema de becas efectivo, becas que ahora se restringen.

La Ley Wert está teniendo la oposición de un sector muy importante de la sociedad, del personal docente de todos los niveles, de los alumnos, de los padres y las madres. Se ha aprobado sin el menor esfuerzo de consenso y en cualquier sociedad es imprescindible buscar un consenso aunque sea difícil y laborioso.

La Ley está reflejando la confrontación entre dos modelos de sociedad, la confrontación entre dos modelos de educación con distintos objetivos y distintas prioridades.