El gobierno del PP cierra el año con tres reformas represivas de gran calado: la Ley Orgánica sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado su anteproyecto en el Consejo de Ministros del 29 de noviembre, la Ley de Seguridad Privada y un endurecimiento del Código Penal.

La ley de Seguridad Ciudadana, ya conocida como Ley Mordaza tiene como objetivo aumentar la represión contra la protesta ciudadana, los movimientos sociales y a quien los apoye, cerrando los espacios públicos de cualquier acto de reclamación molesto para los intereses gubernamentales. Es una vuelta a aquel pasado de la calle es mía.

Establece siete tipo de infracciones muy graves, sancionadas con multas que van desde 30.000 a 600.000€. La multa, la innovación más importante de la ley, cae en el derecho administrativo y no en el penal, como hasta ahora, y la consecuencia de la reforma es que si se quiere recurrir la infracción será necesario pagar la tasa judicial, establecida por Gallardón.

Muchos ciudadanos dejarán de iniciar cualquier proceso dada la carestía de las mismas, quitándoles el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la CE) y si no pueden hacer frente a las multas pueden acabar en la cárcel. La ciudadanía será criminalizada vía administrativa. Esta ley vulnera el derecho de asociación (art. 22 de la CE), derecho de reunión pacífica (art. 21 CE ), y el derecho a expresar y difundir libremente ideas y opiniones (art. 20 CE).

A movimientos como los anti desahucios que con sus manifestaciones pacíficas han podido negociar con agentes económicos obteniendo algún resultado, ahora les quitan esa posibilidad y con la nueva ley podrán ser penalizados con cuantiosas multas, recordamos, que este movimiento ha recibido el Premio Ciudadano Europeo del Parlamento Europeo.

Por otro lado, la reforma del Código Penal introduce dos figuras nuevas: la prisión permanente revisable, y la custodia de seguridad, que en la práctica se traduce añadir hasta diez años más de prisión a un preso que haya cumplido su condena. La cadena perpetua está servida, lo llamen como lo llamen y no tiene cabida en la Constitución.

Otro cambio de calado es la Ley de Seguridad Privada que permitirá a los vigilantes privados, patrullar zonas comerciales, peatonales y detener a personas en la vía pública. Es de sobra conocida la vinculación del partido gobernante a las grandes empresas de seguridad. Servirá para que este sector aumente sus beneficios, y comienze la privatización del orden público. Desde que el gobierno del PP ha llegado al poder ha reducido los derechos económicos y sociales y ahora toca los fundamentales.

Asociaciones de jueces y sindicatos de policía se han manifestado en contra de esta reforma. España es el país donde menos delitos se cometen de toda Europa, pero con uno de los más altos índices de población reclusa. La demanda social de seguridad ciudadana va en el puesto 13 de los 50 analizados. En 2013 ha habido 6000 manifestaciones y sólo en 84 hubo necesidad de las fuerzas de seguridad. ¿Por qué razón el PP saca una ley para combatir una carencia que no es pedida por la ciudadanía? Porque hay que anular a los actores sociales emergentes, a los movimientos de desobediencia civil, debilitar la protesta ciudadana y para ello crean la figura del discrepante político. Quieren contentar a su electorado natural y de paso a la ultra derecha; no hay necesidad de crear un partido con esa ideología, tiene cabida en el PP. Porque el partido gobernante entiende la democracia como desorden público.

Si miramos el horizonte que se nos presenta para 2014 es de una enorme precariedad y necesitan combatir la protesta ciudadana con más represión, en un intento de evitar cualquier estallido social. La auténtica seguridad ciudadana en un estado democrático y social de derecho, es que exista una educación pública y de calidad, sanidad universal, gratuita y bien gestionada.

En el nuevo lenguaje del PP no hay bajada de salarios sino ajustes, las pensiones no se rebajan, se hacen sostenibles, las concertinas no hieren a los inmigrantes son instrumentos no agresivos y pasivos, la reforma salarial es uno de los logros de la humanidad al decir de la alcaldesa de Madrid y no un aumento de trabajo precario y paro, el camión-botijo no es represivo, es disuasorio. La luz no sube, solo se apaga y enciende. Y llevamos dos años de apagón democrático.