A ésta pregunta contestó con un No, que durante más de una hora argumentó, en la conferencia que bajo el título “Democracia y Laicidad”, impartió en la Asociación Valle-Inclán el pasado miércoles, Juan José Tamayo, teólogo y escritor.
Analizó en primer lugar la confusión que existe en el uso de las palabras, a las que algunos aplican una fuerte carga ideológica, dando al término “laicismo” un sentido peyorativo, beligerante con la iglesia, que acepta el relativismo moral y se identifica con el ateísmo. A éste término oponen el de “sana laicidad”, como colaboración de la iglesia y el estado.
Otro enfoque, en el que se posicionó el ponente, es el que contempla el laicismo igual a laicidad e igual a no confesionalidad. Se requiere unas condiciones para que se dé una democracia laica. No hay democracia sin laicismo, no hay laicismo sin democracia, subrayó.
España, es un estado no confesional, pero en su Constitución tiene una referencia explícita a la Iglesia, por lo que ésta reclama beneficios y privilegios. En un Estado no confesional, la religión tiene que dejar de ser parte integrante de la estructura del mismo, hay una autonomía de las realidades temporales y éstas tienen significado por si mismas. Las creencias no son criterio de estructuración social, pueden hacer ofertas de sentido, de estilo de vida sin imponerlas a los demás.
La ética laica es la que emana de la dignidad del ser humano y la ética religiosa sólo obliga a las personas de una determinada confesión.
Analizando las reformas que se han venido haciendo en España durante la Transición, la de la religión es la que va más atrasada. La reforma política hizo el paso de la dictadura a la democracia, la administrativa del centralismo a las autonomías, la económica afianzando un estado de bienestar, ahora en proceso de desmantelamiento. Y siguió enumerando la reforma militar, jurídica, etc.
El proceso del nacional-catolicismo al estado laico es el que menos se ha desarrollado, en parte por la imposibilidad formal de la constitución con los artículos 16-3, y 27-3, en parte por los acuerdos con la Santa Sede, que concede a la Iglesia Católica privilegios educativos, fiscales, en el ámbito penitenciario y militar. Los sucesivos gobiernos no se han atrevido a ir dando pasos hacía un estado laico. Tamayo ve que para que sea posible un Estado aconfesional, en nuestro país se precisa exigir una reforma constitucional, cambiar la ley de Libertad religiosa de 1.980, suspender los acuerdos con la Santa Sede y hacer un Estatuto de Laicidad que llegue al nivel municipal y al de las comunidades autónomas.
Recalcó finalmente que el Estado Laico tiene que tener un componente social y de derecho que fomente el reparto equitativo de solidaridad con los sectores más desfavorecidos y de igualdad desde la perspectiva de género.