El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), generalmente conocido con las siglas TTIP, (Transatlantic Trade and Inverstment Portnership) tiene por objeto crear un gran mercado de unos 800 millones de personas eliminando para ello las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias, no tributarias, como las legislaciones o reglamentos específicos de cada país que pudieran dificultar las inversiones o las transacciones comerciales.
Se empezó a negociar formalmente el Tratado en el año 2013 y se espera que esté concluido en el 2015. Participan en la negociación el personal técnico de los Estados Unidos y de la UE, que están sufriendo la presión de los grandes grupos financieros y las multinacionales que tienen un gran protagonismo.
Las negociaciones son discretas, secretas, pero ya ha
habido suficientes filtraciones, algunas del Financial Times, para poder tener un juicio cabal y tomar una postura clara.
Se ha excluido expresamente de la negociación al Parlamento Europeo (PE) aunque al final tendrá que ratificarlo.
Este Tratado va a tener una gran repercusión económica y social y sorprende que a pesar de su trascendencia no genere un amplio debate en España y que los principales medios de comunicación hayan facilitado hasta ahora muy poca información.
En el mes de junio de 2013 el Partido Popular y el PSOE solicitaron al Gobierno que apoyara el comienzo de las
negociaciones del Tratado y en mayo del presente año Izquierda Plural pidió en el Congreso que se efectúe en su momento un referéndum para ratificar el acuerdo argumentando que es necesaria la participación de todo el electorado en un tema de tanta trascendencia. Votaron en contra el PP, PSOE, CiU, PNV y UPyD.
Hemos dicho que el Tratado pretende disminuir las barreras arancelarias y las no arancelarias. Lo novedoso no es la disminución de los aranceles porque en la actualidad ya son muy
bajos entre EEU y la UE, lo novedoso son las barreras no arancelarias, es decir, las leyes y reglamentos específicos de cada país que se considere que pueden dificultar las inversiones o el comercio.
Estas reglamentaciones a revisar abarcan sectores tan dispares como el control sanitario de los fármacos y los alimentos, los estándares medioambientales, toda la legislación laboral, la propiedad intelectual y las patentes, los servicios públicos como el suministro de agua, la sanidad y la enseñanza.
Este Tratado puede significar, por ejemplo, mayores dificultades para el suministro de medicamentos genéricos, la venta de carne de animales tratados con hormonas para su engorde, la invasión de alimentos transgénicos, la supresión de limitaciones en las
perforaciones petrolíferas por fracking.
Puede significar una profunda desregulación de la reglamentación laboral y de los derechos sindicales. Recordemos que los EEUU se negaron a ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyendo el derecho de asociación.
Las empresas estadounidenses podrán demandar a un Estado o a un simple municipio si consideran que una reglamentación o un servicio público constituyen una limitación al libre comercio o daña sus intereses económicos.
Los litigios que puedan surgir entre una empresa y una administración deberán solventarse en un tribunal internacional que estará por encima de los tribunales del propio país
afectado. Ya ha habido muchas demandas de este tipo en países con
tratados similares. Philip-Morris demandó al gobierno de Uruguay 2.000 millones de dólares porque consideró que una campaña antitabaco perjudicaba sus intereses.
Con este Tratado habrá ganadores y perdedores. Los favorecidos son los grandes grupos financieros y las multinacionales de cualquier sector, comercio, industria, agricultura, que estarán libres de las reglamentaciones que les pudieran afectar.
Los perdedores son toda la población, todos los trabajadores desde los niveles inferiores a los más elevados, los perdedores son los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores. Será prácticamente imposible reindustrializar el país por la libre competencia de las grandes industrias.
Se han hecho numerosos estudios para evaluar el impacto del Tratado en el desarrollo económico y el empleo de España y
de la UE pero las conclusiones son muy dispares, desde las predicciones optimistas de los informes vinculados a grupos interesados en el acuerdo a otras evaluaciones negativas especialmente en el empleo y en las condiciones laborales.
Los Estados tendrán que hacer importantes cesiones de sus competencias, ya tuvieron que hacerlas al firmar el
Tratado de Maastricht en el año 1992 y el de Lisboa en el 2007, pero en estos casos era para la construcción europea no para un acuerdo comercial con un tercer país.
La democracia queda malparada, según nuestra Constitución la soberanía nacional emana del pueblo español pero en un futuro próximo también emanará del Tratado y las multinacionales.
Información: Le Monde Diplomatique. Jun 2014
Alberto Garzón. 50 preguntas y respuestas sobre el Tratado