La sanidad está disponible para atender a los ciudadanos las 24 horas del día, pero sus trabajadores ni siquiera pueden descansar en sus días festivos, porque se ven obligados a denunciar al gobierno de la Comunidad de Madrid por el trato injusto que están sufriendo.

El sábado 5, a las 12 horas, se concentraron ante la sede del Gobierno Madrileño, en la Puerta del Sol, cientos de médicos y otros facultativos especialistas del Servicio Madrileño de Salud, que cuenta con 7.822 profesionales, que llevan años en abuso de la temporalidad, encadenando contratos precarios sin puesto fijo; esto supone una importante inestabilidad e imposibilidad de planificar los servicios, en detrimento de la atención a los pacientes.

Armados con sus batas blancas, silbatos y megáfono en mano, animaban a los allí presentes y desplegaron una gran pancarta blanca en la que se leía: “somos médicos y FEAS (Facultativos, especialistas de área) precarios, ¿nos ayudas?”, “Médicos Unidos por sus Derechos, la voz de la Unión Médica”.

Ante un micrófono, distintos profesionales fueron reclamando:

• Consolidación de todos los facultativos en fraude de ley, que realizan funciones estructurales durante al menos 3 años, con independencia de su vinculación laboral.
• Paralización de las OPES en curso con modificación en algunos decretos para su regularización.
• Transformar contratos eventuales y COVID, en estructurales.
• Evitar en el futuro el grado excesivo de temporalidad.
• Facilitar concursos de traslados y movilidad voluntaria en centros del SERMAS.

En resumen, dijeron: “pedimos condiciones laborales dignas, acordes a los derechos laborales vigentes, que permitan poder desarrollar nuestra vocación con satisfacción profesional y personal.”

Numerosas personas que solidariamente habían acudido a la concentración, aplaudieron las demandas y corearon frases alusivas a la justicia que exigían los convocantes.

Se da la circunstancia de que actualmente existe un llamamiento, desde la jurisprudencia y directiva europea, para poner fin a la temporalidad y a la situación de fraude de ley del empleado público en España, reflejado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la ley 20/2021.