El sábado 14 de febrero tuvieron lugar numerosas manifestaciones en muchas ciudades de España en rechazo a la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada el pasado diciembre en el Congreso con los votos del PP y con la oposición de todos los demás grupos políticos.

Convocaron o apoyaron las manifestaciones muchas plataformas y mareas como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), IU y otros partidos políticos.

La nueva ley penaliza una prolija relación de actuaciones que clasifica como delitos leves, graves o muy graves. Las sanciones pueden ascender hasta 600.000 €.

Se prohíbe manifestarse cerca del Congreso, del Senado o de los parlamentos de las autonomías (delito grave) así como en infraestructuras de uso público (delito muy grave)

Se prohíbe grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización (grave)

Se penaliza la negativa a disolver una concentración o una manifestación.

Se prohíben las manifestaciones o protestas por un desahucio.

Esta ley tan restrictiva aprueba explícitamente las “devoluciones en caliente” de emigrantes contrariamente a los criterios de la Unión Europea.

Criminaliza la movilización social, restringe la libertad de expresión y pone en cuestión el derecho a manifestarse expresamente reconocido en el Art. 21.1. de nuestra Constitución que dice textualmente: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”

Al negarse el derecho a grabar puede quedar impune la actuación de la policía si apalea a un ciudadano en una manifestación porque al poner la denuncia no se podrán aportar pruebas fehacientes.

Todo huele a las medidas represivas de la dictadura franquista. La pregunta que se plantea es por qué el Gobierno aprueba ahora esta ley en solitario.

Creemos que es un síntoma de debilidad, que es el temor a no poder controlar la creciente indignación popular, es la necesidad de amordazar a la población para lograr una aparente paz social.

Los gobiernos autoritarios, aunque sean formalmente democráticos, tienden a endurecer la represión policial y la legislación cuando tienen una oposición en la calle que les pueda desbordar.

La ley es una medida políticamente equivocada porque nunca la censura y la represión han logrado acallar el clamor popular.

La única línea de actuación adecuada es enfrentarse a los problemas e intentar resolverlos.