Ya hace años que denunciamos aquí las negociaciones secretas entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) para elaborar un acuerdo sobre las relaciones comerciales y financieras, el Tratado TTIP, que todavía está en elaboración pero en una fase avanzada.

Desde aquellas fechas se han convocado multitud de reuniones y grupos de trabajo para analizar las consecuencias, las graves consecuencias, que puede tener el Tratado en la economía y en la población de la mayoría de los países firmantes. Se ha generado un amplio movimiento de repulsa en toda Europa que ha conseguido despertar el recelo de algún gobierno europeo ante algunas de las clausulas que pueden ser más lesivas para su economía.

Las negociaciones del Tratado continúan en el más absoluto secretismo y el movimiento de rechazo sigue activo con fuerza.

Ahora han saltado en algún medio de comunicación, en pocos, las filtraciones de Wikileaks sobre las negociaciones que se están llevando a cabo, también con el más absoluto secreto, de un nuevo tratado, el Tratado TiSA (Trade in Services Agreement) entre Estados Unidos, la UE y otros países, unos 50 en total, para la liberalización total de las operaciones financieras suprimiendo las restricciones a los productos de alto riesgo y para la desregulación de todos los servicios. Los temas abordados por el Tratado son amplios.

Según el acuerdo en elaboración, los Gobiernos deberán informar a todos los otros países que firmen el Tratado y a las multinacionales sobre las normas que piensen aprobar en cualquiera de las Administraciones, desde el Estado a los Ayuntamientos. Una comisión deberá examinar la normativa propuesta por si pudiera vulnerar el principio de libre competencia o los intereses de alguna multinacional.

Este proyecto de nuevo Tratado, el TiSA, plantea varias cuestiones importantes.

La soberanía nacional que, según el Artículo 1.1. de nuestra Constitución de 1978 “reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” queda profundamente vulnerada.

Una vez más los gobiernos van cediendo sus atribuciones a organizaciones internacionales o al gran capital, a los grupos financieros y a las multinacionales. Nos preguntamos ¿dónde reside el poder, en el Gobierno que elegimos cada cuatro años o en los grupos de presión económicos?

También queda totalmente vulnerada la democracia. La elaboración de un tratado de gran incidencia en la vida de la población con total opacidad, sin ninguna información, no tiene ningún rasgo democrático. Ni siquiera nuestros eurodiputados tienen información como denunciaba recientemente la diputada Paloma López del grupo de IU.

Hay un amplio clamor en la sociedad pidiendo que se acaben los recortes presupuestarios y que la educación pública, la sanidad y las prestaciones sociales recuperen un alto nivel de calidad, que se acabe de una vez con los escándalos de corrupción.

Pero estas reformas, que son urgentes, no son suficientes, hay que acabar con la hegemonía del capital, del sistema capitalista que paulatinamente va concentrando la riqueza y el poder en unos pocos mientras que los demás se deslizan en la pobreza. Sabemos que esto no es fácil, que tiene que ser un proceso largo y complejo pero hay que ir en esta línea, hay que tener este objetivo.