Según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), este año hay un 34,7% más desahucios que el año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este elevado número de desahucios está en relación con la evolución del paro en la Región. En el pasado mes de enero, 22.756 personas se han quedado sin empleo en Madrid. Hasta ahora la única respuesta de la Administración ha sido la inyección de dinero público a las entidades bancarias que piden “Ejecución de los desahucios independientemente de si las personas hipotecadas son deudores de buena fe y de si han notado interés en negociar el pago de sus deudas”.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha dicho en el Congreso que junto al paro y a que los jóvenes tengan que marcharse de España para encontrar empleo, su mayor preocupación son los desahucios. Quiere crear una Comisión de trabajo con representantes de las Patronales de las Cajas (CECA), de los Bancos (AEB) y Cajas Rurales (UNACC) para analizar esto. Al frente de esta Comisión estará el Director General de Política Económica, Antonio Carrascosa, un representante del Ministerio de Justicia y de la Secretaría General del Tesoro.
Aspira a que la reforma financiera se traduzca en una reducción del precio de los pisos, y acercar así el valor de tasación al real del mercado.

La PAH, ha trabajado durante todos estos meses para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular, que está a punto de iniciarse en el Parlamento, sobre la “dación en pago retroactiva”, moratoria de desahucios y alquiler social. Se requiere la recogida de 500.000 firmas en nueve meses, para que se puedan debatir en el Congreso las propuestas de la ILP. El primer paso es reunir el número suficiente de fedatarios, ( personas que “dan fe”, de que las firmas se recogen conforme a los requisitos establecidos) La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que forma parte de la PAH, solicita voluntarios hasta el 17 de febrero.para realizar esta labor.
Las asociaciones están haciendo un llamamiento a los Partidos Políticos para que se lleven a cabo las reformas necesarias que garanticen y hagan efectivo el derecho a la vivienda de los ciudadanos y que las entidades bancarias asuman su parte de responsabilidad en la burbuja inmobiliaria y en la crisis económica actual.