Con el voto en solitario del PP se ha ratificado el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional para participar del nuevo modelo de gestión del Canal de Isabel II después de la privatización del 49% del capital.

El convenio supone la cesión del uso de la red de tratamiento, almacenamiento y distribución de agua regenerada durante los próximos 50 años.
Para la oposición se trata “del reparto de una tarta que no es ni de Alberto Ruiz-Gallardón, ni de Esperanza Aguirre, sino de los madrileños”. Además alertan de que la privatización supondrá un aumento en el consumo porque “desaparecerán las campañas de concienciación”, un deterioro de la calidad porque “no se invertirá en ese asunto” y un “empeoramiento de las condiciones laborales” de los trabajadores del Canal.
Por su parte la plataforma ciudadana contra la privatización del canal se reunió el pasado jueves en el Ateneo de Madrid. Se presentó un manifiesto en el que, entre otras cosas, se dice: “El Gobierno de la Sra. Aguirre pretende convertir en un negocio el servicio del ciclo integral del agua, que ha venido siendo servido con eficiencia desde hace mas de 150 años por una empresa pública que genera importantes beneficios (98.5 millones de euros en 2009) y cuenta con un alto grado de aceptación de los ciudadanos madrileños. Igualmente, de consumarse este hecho, se robaría a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid el inmenso patrimonio acumulado por el Canal en infraestructuras, suelo, inmuebles, etc. que pasaría a manos privadas”

Más información: Plataforma contra la privatizacion del Canal de Isabel II