Coordinador del Consejo Científico de attac España, doctor en economía y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
La tímida reforma fiscal planteada por el nuevo Gobierno es manifiestamente insuficiente para superar de una manera socialmente justa y equitativa la crisis que estamos padeciendo.
¿Estaban los recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy en el programa electoral del PP o en su programa de investidura? Desde luego que no, y ello es un engaño al electorado. Pero más grave es si cabe que dificultarán todavía más la salida de la crisis en España.
Se trata de medidas que lejos de favorecer la reactivación de la actividad económica, incrementarán las desigualdades aún más al reducir la capacidad adquisitiva de los asalariados y pensionistas sin afectar a los especuladores y grandes magnates del sistema financiero.
El Consejo de Ministros del Gobierno del PP celebrado el pasado 30 de diciembre de 2011 aprobó un conjunto de “Medidas urgentes de orden económico y social y de corrección del déficit público” que reduce los gastos públicos en casi 9.000 millones de euros y aumenta los ingresos en casi 6.300 millones de euros. En su conjunto se trata de políticas que abrirán todavía más la brecha social, deprimirán aún más la economía y no van a contribuir a crear empleo digno. Veamos en detalle su contenido
Conviene abordar lo primero una cuestión de fondo nada despreciable cual es la nula voluntad del gobierno anterior y del actual para avanzar hacia un sistema de financiación pública que permita liberar a la ciudadanía de la tiranía de los mercados financieros especulativos. Como el Banco Central Europeo no es sensible a las necesidades de la gente, el gran capital hace su agosto exprimiendo las arcas públicas de los estados prestándoles a tipos de interés de usura. Los intereses de la deuda pública se convierten en un pesado lastre de prioritario pago y que según la última reforma constitucional se anteponen a los derechos individuales y sociales de las personas. Y la excusa de la deuda y sus intereses sirven de justificación para desmontar y vender lo público, asunto sobre el que desde hace muchos años no se plantean medidas radicales, sino pura y simplemente sumisión a los mercados especulativos.
Entrando en el RDL 20/2011, el Gobierno cita textualmente en su comunicado: “(…) estas medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide”. Se trata de un planteamiento absolutamente erróneo. Que las familias y las PYMES no tengan financiación no tiene casi nada que ver con el déficit público, y mucho que ver con unas entidades financieras que dedican las multimillonarias ayudas de los Gobiernos a seguir especulando en vez de financiar la economía real. Es absolutamente escandaloso en este sentido el aval de 100,000 millones de euros ofrecido por el gobierno a los bancos, sin contrapartida o garantía de que se utilicen para promover el crédito a familias y empresas. Y ello está relacionado con la negativa de los gobiernos a crear una banca pública que de verdad vele por el interés general y haga llegar la financiación directamente a quien más la necesita, y sin intermediarios. Mientras no se recupere una potente banca pública, España seguirá sufriendo problemas de financiación en la actividad económica y en el desarrollo de los servicios públicos, y en consecuencia, el desempleo no remitirá.
En el Decreto se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010, se establece un IVA superreducido del 4 por 100 para la adquisición de primera vivienda a partir de 2012 y se aumentan los tipos impositivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana cuando su valor se sitúe por encima de la media. Con las dos primeras medidas se mantiene viva la esperanza de una recuperación del mercado inmobiliario, cuya burbuja llevó de cabeza a la actual situación de profunda crisis. Las grandes constructoras, inmobiliarias y entidades financieras están detrás de esta medida, que sigue apostando por animar a un mayor endeudamiento privado de las familias. En su lugar, se olvida la posibilidad de impulsar un amplio parque de vivienda pública y en arrendamiento, absolutamente subdesarrollado en España respecto a otros países de la Unión Europea-15. Además, la medida de aumentar el IBI de Urbana no discrimina entre quienes tienen una única vivienda que constituye su residencia habitual y quienes han especulado en el mercado de la vivienda y acumulado varias de ellas con la finalidad de obtener grandes beneficios en breve plazo. Los impuestos, además de para recaudar, también deberían utilizarse para penalizar conductas antisociales, como es el caso de la especulación con un bien básico como la vivienda. La desgravación que se propone es absolutamente ineficaz para resolver el grave problema social de la vivienda y beneficia una vez más a los promotores de la burbuja inmobiliaria.
Otras propuestas antisociales son el mantenimiento del sueldo de los funcionarios y tasa de reposición cero de las plantillas; mantenimiento del Salario Mínimo Interprofesional en 641,40 euros para 2012. Ambas medidas implican una pérdida de poder adquisitivo para el 10-15% del total de trabajadores/as. Esto tendrá su reflejo en una caída del consumo, y consecuentemente, en un mayor desempleo tanto por la vía del empeoramiento de las expectativas empresariales como por la no reposición de vacantes. También están avisando de la no renovación de contratos a trabajadores del sector público, a los que consideran funcionarios sólo para reducirles el sueldo o eliminarles las pagas extras; ésos irán de cabeza a la calle y los Servicios Públicos se entregarán directamente a los especuladores…
Por otra parte, se crea un gravamen complementario, temporal (ejercicios 2012 y 2013) y progresivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la reducción del déficit público. Los porcentajes aplicables oscilan entre el 0’75 por 100 para el primer tramo de la tarifa, el correspondiente a las rentas más bajas, hasta el 7 por 100 para las rentas superiores a 300.000 euros, tramo que se crea nuevo para este gravamen. Sin perjuicio de considerar positiva la progresividad fiscal de esta medida, el peso principal de la misma recaerá sobre las clases medias asalariadas. En su lugar hubiera sido más conveniente haber incrementado sólo el tipo impositivo de los tramos más altos de la base liquidable (digamos por encima de los 53.000 euros), evitando el recargo sobre los inferiores a esta cuantía. Con la actual modificación el tipo marginal máximo del IRPF se sitúa en el 52%, muy por debajo todavía del tipo marginal máximo del 56% que regía en los años 80 del siglo XX, y que sucesivos gobiernos del PSOE y el PP rebajaron hasta el 43%.
También se establece el gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 por 100 para los rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6 por 100 para rendimientos superiores a 24.000 euros. Se trata de un paso adelante, pero escandalosamente corto, consistente en aumentar la tributación de las rentas de capital, las cuales tienen un tratamiento fiscal especialmente favorable, a pesar de que dichas rentas se concentran en pocos contribuyentes. Pero en este tema, más importante que lo que se propone, es lo que se deja de hacer, ya que se sigue dando oxígeno a la actividad financiera y especulativa del gran capital sin atacar frontalmente el fraude fiscal ni perseguir la utilización de los paraísos fiscales. Las SICAV (Sociedades Anónimas de Inversión de Capital Variable) no se verán afectadas por el aumento del tipo de gravamen propuesto, pese a que son un instrumento de la especulación y la ciudadanía clama desde hace tiempo por su eliminación.
No hay una sola medida que ataque el mayor cáncer de la sociedad española: la evasión fiscal. Llama la atención que la mayor presión fiscal se aplica sobre todo a los salarios (con una recaudación estimada de 4.111 millones de euros) y no a las rentas de capital (que sólo aportarán 1.246 millones de euros), cuando es en este segundo apartado donde se produce gran parte de la evasión fiscal. Gravar las nóminas de los asalariados es el impuesto más fácil de recaudar para un Gobierno. Es en el impuesto sobre capitales donde se tienen que realizar mayores esfuerzos. El fraude fiscal no se elimina sólo con buenas intenciones, sino que hay que tomar medidas concretas para atajarlo. La limitación de los pagos en efectivo anunciada por el gobierno la víspera de Reyes bien podría ser una de ellas pero habrá que comprobar –y exigir- que se aplique realmente y que sea seguida por otras más contundentes. Incluso un gobierno tecnocrático como el del italiano Mario Monti acaba de prohibir las transacciones comerciales con un valor superior a 1.000 euros en metálico para reducir el fraude fiscal.
Si se quiere aspirar a crear un modelo productivo que no se base solamente en la construcción y el turismo y que apueste por uno de mayor valor añadido, aumentar la inversión en I+D+I es absolutamente imprescindible. Y ello es justamente lo contrario de lo que el Gobierno de Rajoy propone: reducir el presupuesto para I+D+I en un país como España, que tiene un retraso considerable respecto a los países de la zona euro, va a suponer el despido de centenares de investigadores del CSIC. Los ingresos necesarios para mantener y ampliar el nivel de inversión en I+D+I podrían venir de impuestos sobre los bienes de lujo y los coches de alta gama.
A pesar de que los organismos económicos internacionales (UE, FMI) y los gobiernos títeres a los que manipulan nos aseguran que éstas son las únicas políticas posibles, desde los movimientos sociales y ciudadanos seguimos insistiendo en que HAY ALTERNATIVAS para aumentar los ingresos públicos, que ni el actual Gobierno, ni el anterior, se han planteado llevar a cabo. Entre otras podemos citar:
a) Mantener indefinidamente el nuevo Impuesto de Patrimonio que el Gobierno del PSOE resucitó el año pasado sólo para 2011 y 2012, y que anteriormente había suprimido en 2008.
b) Eliminar las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
c) Prohibir totalmente las SICAV y obligar a sus titulares a tributar al 35% por los fondos actualmente acumulados
d) Fijar un impuesto con carácter disuasorio para gravar los movimientos de capital especulativos.
e) Crear un nuevo impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras, que se añada al que organizaciones como Attac han venido exigiendo desde hace mucho tiempo: el ITF o Impuesto a las Transacciones Financieras
f) Aumentar el tipo del Impuesto de Sociedades que en los últimos años se ha reducido, a pesar de que sólo las empresas con beneficios tributan por el mismo. El tipo impositivo aplicado realmente está muy lejos del 30% teórico. Así lo pusieron de manifiesto los informes de auditoría del último ejercicio liquidado registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por las diez principales empresas españolas por capitalización bursátil. Según los cálculos que hacen las propias compañías en sus memorias, el pago teórico, el que tendrían que realizar al tipo nominal del 30%, roza los 15.300 millones de euros. Pero la cantidad que llegó a Hacienda es mucho menor: 12.242 millones de euros. Ello supone un tipo impositivo del 23,9% sobre el beneficio antes de impuestos, es decir, seis puntos menos que el oficial, lo que equivale a más de 3.000 millones de merma.
