En dos o tres años el Sistema Nacional de Salud va a estar formado mayoritariamente por empresas privadas, que dejaran de aplicar ciertos tratamientos o no se realizarán intervenciones quirúrgicas, si el gasto no les conviene, es decir si no obtienen beneficio.

Se están cerrando quirófanos, reduciendo el número de camas hospitalarias, se establecen las plantillas con el menor número de profesionales, se prevé unos 3.000 despidos en los próximos meses, y se está haciendo llegar a la opinión pública que no hay otra alternativa.

Actualmente, dentro de las políticas neoliberales, los Gobiernos Europeos, y el FMI, exigen privatizaciones y recortes en el gasto público, repercutiendo especialmente en la progresiva eliminación del Estado de Bienestar, para reducir el déficit presupuestario (Aunque el gasto público sanitario en el Estado español sea del 74% del promedio de la UE-15).
No obstante lo peor no son los recortes, siendo en sí mismo graves, sino que está en juego el propio modelo de Servicio Público, se está produciendo de hecho una privatización controlada de la sanidad, empezando por las áreas que resultan más rentables.

Se cede suelo público a constructoras o grupos inversores, que acometen la construcción de hospitales, Centros de Salud, y de Especialidades, a cambio de concederles la explotación de los mismos, pagando un canon por la población que se les asigna y otras fórmulas como la concesión administrativa, en la que el centro y la plantilla son privados.

Y todo ello sin que los ciudadanos, en su mayoría, se den cuenta de lo que está pasando, salvo los que asisten a los servicios y sufren dichos recortes, y los propios profesionales que se enfrentan a ello día a día.

Se ha cambiado la orientación del Sistema de Salud, está pasando de ser una prestación universal, equitativa y gratuita, atendiendo a quien lo necesite, donde lo necesite y cuando lo necesite, a una planificación de la asistencia sanitaria con el objetivo de obtener un beneficio económico. Y el beneficio en Sanidad, no se puede medir en dinero, sino en bienestar de todas las personas, resulte o no rentable para el conjunto de la sociedad.

Aunque el panorama no puede ser más adverso, el desenlace todavía no está escrito y como bien dice Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, en su artículo “¿Sanidad sostenible?”, publicado el 04/01/2012 en el País: “no se puede destruir sin razones plausibles, sin discusión, un sistema que ha conseguido ser históricamente el más justo de los que hemos tenido”.