“Mamá, ¿me puedes prestar una manta?… es para ir a clase, no tenemos calefacción”.
No se trata de ninguna ficción, ese ha sido el problema en el Instituto castellonense de Almassora IES Vila-Roja. Y la paradójica consecuencia, la expulsión temporal del centro del alumno que lo ha denunciado y no la investigación de quienes son responsables de tal situación.
¿Cuántos años llevamos escuchando lo importante que es la educación para el futuro de nuestro país?. ¿Cuánto veces hemos escuchado a los distintos responsables prometer su sincero compromiso con el esfuerzo educativo?. ¿Y cuantas la promesa de llegar a un pacto para que la educación no esté sometida a los cambios de gestión política?. Cada uno tendrá su particular contador, pero para la mayor parte de la ciudadanía todas esas proclamas, valen lo mismo que el aire al que se lanzan.
Lo tangible son los hechos. Y aquí hay algunos. En la pasada legislatura, siendo ministro Ángel Gabilondo, el pacto por la educación estuvo a un milímetro de ser firmado. Solo el cálculo electoral de cierta fuerza política (al adversario ni agua), dio al traste con esa posibilidad. Y ahora, cuando la crisis arrecia, se trata de ver donde ahorramos y para empezar en el ejercicio de 2010 los docentes vieron recortada su nómina en un 5%. Y según un estudio efectuado por el sindicato Comisiones Obreras, en el conjunto de los dos últimos años los distintos presupuestos educativos del conjunto de las administraciones españolas, ha disminuido en una cantidad próxima a los 3.000 millones de euros. En conjunto una reducción que está en el entorno del 7%. Esas son las cifras frías.
Pero detrás están los problemas con nombres y apellidos. Como el del alumno del instituto de Castellón, o el de los profesores no sustituidos por la Generalitat catalana que han causado baja, o el de la no contratación de profesores de apoyo para institutos públicos madrileños, por no hablar de los ataques sufridos por los enseñantes de la Comunidad de Madrid, tildados de vagos e insolidarios, por parte de los responsables políticos.
Y profundizando algo más en nuestro entorno más cercano, uno de los datos que más significativo parece se refiere al diferente trato de la enseñanza pública y de la concertada. La bajada en el presupuesto madrileño es de un 4%, mientras que las ayudas a la escuela concertada suben en ese mismo 4%. Ese mismo modelo se aplica a otras comunidades en las que gobierna el PP (Murcia o La Rioja por ejemplo), por lo que no es difícil deducir que no solo hay razones de gestión, sino motivos ideológicos. No se le oculta a nadie que los actuales dirigentes populares y en especial los madrileños tienen a lo “público” como el elemento a batir. Y en nuestra Comunidad, la presidenta Aguirre y su consejera Lucía Figar no ocultan su preferencia por la escuela concertada y su proclividad a financiar proyectos educativos muy cercanos a lo que podríamos denominar la derecha más extrema.
De forma que en el ámbito madrileño, si unimos los reales problemas derivados de la crisis, al fundamentalismo ideológico ultraliberal de nuestros responsables, podemos concluir que la enseñanza pública en Madrid tiene un problema más grave que el meramente económico y es la decidida voluntad del poder político de jibarizar su importancia en beneficio de una escuela que además de hacer negocio contribuya a perpetuar la hegemonía ideológica de los de “toda la vida”.
