Ha hecho falta la expulsión de cientos de miles de familias de sus hogares, desde que empezó la crisis, para que el Gobierno decrete una moratoria de dos años en los desahucios. La medida es el resultado exclusivo de la gravedad de la situación y de la lucha ejemplar de muchas personas, afectadas e indignadas por lo que está sucediendo, con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) a la cabeza, que demuestran que la lucha merece la pena aunque se esté lejos de haber solucionado el problema.

La PAH, denuncia que la moratoria no es una solución sino un parche mínimo que no resuelve el problema de fondo, pues seguirá habiendo miles de desahucios y miles de familias atrapadas por deudas impagables y sin derecho a una vivienda digna.

El Gobierno está aplicando la medida que la propia banca anunció hace unos días. Por su parte, la actual dirección socialista demostró durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero que carece de una alternativa real porque defiende una política económica muy similar, que ahora les ata de pies y manos.

El derecho a la vivienda, a pesar de estar recogido en la Constitución, nunca se ha cumplido.

Siempre se la ha considerado una mercancía, un negocio; nunca un bien de primera necesidad y un derecho. La crisis ha puesto sobre la mesa que las viviendas no valían lo que se pedían por ellas. Cuando empezó la crisis, todas las deudas se convirtieron en una auténtica trampa para cientos de miles de familias, que han tenido que hacer enormes sacrificios para seguir pagando su hipoteca o se han visto abocadas a perder sus casas. Y, en muchas ocasiones, no sólo pierden su hogar, sino que arrastran una deuda que lastrará el resto de sus vidas.

El mismo Consejo de Ministros que ha aprobado esas escasas medidas contra los desahucios, ha dado luz verde a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo, que se encargará de comprar los activos inmobiliarios de los bancos con dinero público.

El resultado es que el Estado se hace cargo de la deuda privada incobrable de los bancos, aumentando la deuda pública, y haciendo más recortes en el gasto social. No es ninguna casualidad que el plan de rescate al sistema financiero español venga vinculado a medidas de “reforma”, que, en realidad, son ajustes y recortes en los servicios públicos y en los derechos sociales.

Hay millones de viviendas vacías, y buena parte de ellas son propiedad de los bancos.

La Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros y por una Banca Pública reclama que:
  a) Todas las viviendas propiedad de los bancos y de las antiguas cajas, que reúnan las condiciones adecuadas, se incorporen a un parque público de viviendas en régimen de alquiler, lo que permitiría tomar medidas rápidas para atender a las familias desahuciadas.
  b) Ninguna familia debe ser desahuciada por carecer de recursos para hacer frente a su hipoteca, sino que, en última instancia, se le debe de aplicar la dación en pago e incorporar su vivienda al parque público. Además se debe permitir seguir viviendo en ella con un alquiler al que pueda hacer frente.
  c) Debe aplicarse la dación en pago con carácter retroactivo a todas aquellas personas que han sido desahuciadas.

Estas medidas se deben tomar aunque los bancos han alertado sobre el riesgo de cambiar “las garantías crediticias”, pues muchas de las hipotecas han sido vendidas ya a terceros en el mercado.