Alberto Ruiz Gallardón, nuestro Ministro de Justicia, ha introducido la “reclusión permanente” en la reforma del Código Penal, es decir, la cadena perpetua.
Al conocer la propuesta sentí una cierta angustia, encerrar a una persona en la cárcel de por vida me parece terrible. Pienso que el condenado puede caer en una depresión profunda, en la desesperación o despertarle una rebeldía, una agresividad brutal. Esta modificación ha pasado por la sociedad con poco debate, ahora parece que se está avivando.
He conocido a personas que durante el período franquista estuvieron recluidos en la cárcel muchos años, veinte y tantos o treinta años por razones políticas y, a pesar de haber tenido un gran apoyo de su partido, cuando salieron arrastraron, en general, graves secuelas psicológicas.
En España existió la cadena perpetua en algunos períodos del siglo XIX pero ni siquiera se contempló en el Código Penal de 1944 aprobado por la dictadura de Franco.
Además, según el Art. 25.2 de la Constitución de 1978 “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”
La reforma del Código propuesta por el Ministro está, según opinión de algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial y muchos jueces y juristas, en manifiesta contradicción con la Constitución, es anticonstitucional y de nula eficacia para prevenir delitos.
Desde hace bastantes años la política penitenciaria de Europa ha ido orientada a la reinserción del penado, a intentar recuperarle para la vida en la sociedad. La reclusión permanente es una expresa renuncia a este objetivo.
En los delitos que ocasionan un gran rechazo social el legislador se encuentra, ciertamente, entre la exigencia de promulgar una pena justa y la presión popular conmocionada reclamando un castigo ejemplar, una venganza. Siempre debe prevalecer la justicia y la apuesta por la reinserción del penado.
Creo que esta reforma es una manifestación más de la retrógrada concepción política del Gobierno.
