Desde el 1 de enero de 2013, la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) está cobrando “el euro” por receta, con la oposición de madrileños y farmacéuticos a los que convierte en recaudadores, de los usuarios que ven vulnerada “la igualdad de los españoles” y observan que se grava por dos veces la adquisición de los medicamentos.
El Gobierno de Madrid dice que la finalidad no es recaudatoria, sino disuasoria “para que el usuario no acumule innecesariamente fármacos en su domicilio”, aunque las recetas las hacen los médicos y se supone que a quien las necesita.
En Madrid, al igual que en Cataluña, donde también se ha implantado esta práctica, los consumidores que consideren que es un afán recaudatorio de la consejería de Sanidad pueden optar por no pagar el euro.
Al adquirir el medicamento pueden decir en la farmacia que “no quieren repagar”. El farmacéutico les ofrecerá unos impresos que deben rellenar que constan de tres hojas: 2 para el farmacéutico y 1 para el usuario, siendo esta copia el certificado de insumisión.
Las personas que no quieran pagar el euro por cada receta deberán tener consigo en el momento de rellenar el impreso en la farmacia:
- – Receta
- – DNI
- – Fotocopia del DNI
- – Tarjeta sanitaria (CIP código marcado en rojo)
- – Dirección y teléfono
- – Carta a la titular de la farmacia (opcional)
Se puede hacer individualmente o en grupo, ganando en visibilidad en este segundo caso.
La CAM puede poner un marcha un procedimiento de “liquidación y recaudación de tasas y apremio” que tiene un recargo de 20% sobre la cantidad demandada es decir, el euro pasará a 1,20 euros.
El tope mensual que cada paciente puede pagar por los medicamentos es de 72 euros, aunque a día de hoy las farmacias carecen del sistema informático que permita conocer cuando el usuario ha alcanzado dicha cantidad.
Por un lado, si la insumisión es masiva, la tramitación burocrática será inviable y por otro, ya hay una movilización del Colegio Farmacéutico, asociaciones de vecinos, grupos de abogados, partidos políticos y colectivos ciudadanos actuando por diferentes vías contra esta medida, denunciando que es inconstitucional. Además hay interpuestas varias demandas contra la CAM por pretender cobrar el “euro por receta”, una de ellas del propio Gobierno de Mariano Rajoy.
