¿Quién manda aquí, en España? La pregunta puede parecer desconcertante porque todos sabemos que manda el Gobierno que elegimos democráticamente cada cuatro años. También sabemos que, según el Art. 1.2. de nuestra Constitución “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Pero quizá la contestación no debería ser tan rotunda. Los Gobiernos de España aprobaron el Tratado de Maastricht en el año 1992 y el Tratado de Lisboa en el año 2007 en los que se hicieron cesiones de gran calado de las funciones del Estado a la Unión Europea (UE). Y estos tratados los defendieron los Gobiernos como avances significativos para la consolidación de Europa y el desarrollo de todos los Estados miembros.
Hubo economistas de prestigio, grupos sociales y algunos partidos de izquierda, IU, que se opusieron pero sus voces fueron marginadas, no tuvieron resonancia mediática.
Ahora resulta que las grandes decisiones en política monetaria, asuntos económicos, de relaciones laborales, vienen dictadas por Europa.
La reforma exprés del Art. 135 de la Constitución del año 2011 que exige el equilibrio presupuestario del Estado y de todas las Administraciones, fue una imposición europea. Según este artículo, todos los gastos, sanidad, educación, prestaciones sociales, todos, tienen que ajustarse para cumplir el mandato constitucional de equilibrio presupuestario.
Sabemos que las dos reformas de la legislación laboral son el resultado de presiones de la UE que todavía considera que han sido insuficientes.
Sabemos que ahora está presionando para reformar (desmantelar) el sistema de pensiones.
Estas reformas y estas presiones son algunos de los avances significativos que ha aportado la UE.
Pero las cosas son más complicadas. La crisis económica y las exigencias de capital para sanear los bancos y los Estados han permitido la irrupción del Fondo Monetario Internacional (FMI) y este FMI no da ningún préstamo ni apoyo financiero si previamente los países oficialmente beneficiados no cumplen las exigencias de la organización internacional que van desde ajustes presupuestarios a privatizaciones.
Entonces resulta que las grandes decisiones que afectan a España, a nosotros, vienen dictadas por la Troika, es decir, por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), los tres grandes centros de poder decisorio.
Pero ninguno de estos organismos ha sido elegido democráticamente y es sabido que sus líderes están muy vinculados a los grandes capitales financieros y empresariales. El actual presidente del BCE, Mario Draghi, por ejemplo, fue vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, cuarto banco de inversión del mundo con una trayectoria muy confusa.
De esta forma la soberanía nacional reside en el pueblo español pero a medias.
Aunque al Gobierno español, elegido democráticamente, todavía le queda alguna capacidad de decisión en asuntos que nos afectan.
Le queda, en efecto, alguna capacidad de decisión pero está sometido a las presiones de los grupos financieros, de la banca y de las grandes empresas que rechazan cualquier reforma fiscal que pueda dañar sus intereses, que exige más desregulación laboral y despidos más baratos.
Los Gobiernos privatizaron, malvendieron ya hace años, Argentaria, la importante banca pública, y ahora no se dispone de ninguna institución financiera que pueda oponerse a la privada.
Pero resulta que muchos miembros del actual equipo de Gobierno y también de los anteriores, ministros y altos cargos, proceden de los grandes bancos y empresas y cuando cesan vuelven a las entidades privadas con gratificaciones muy elevadas, lo que se llama la “puerta giratoria” en la jerga política.
Se puede alegar que se incorporan al Gobierno personas con una gran experiencia profesional, es cierto, pero quedan sospechas. La duda estriba en si actúan con total independencia por el bien del país o se dejarán influir por la mentalidad o los intereses económicos de las empresas que proceden y a las que retornarán.
Además, nuestros Gobiernos están imbuidos, en mayor o menor medida, por la ideología neoliberal y siempre han tenido una postura dócil ante las exigencias empresariales.
Con la estructura de la UE que hemos creado, o mejor, que han creado, y el funcionamiento del Estado español, la pregunta inicial de quién manda aquí no es tan fácil de contestar.
Podemos preguntarnos por qué la UE tiene una estructura tan compleja y tan poco democrática. No hay que olvidar que cualquier institución tiene la estructura que interesa al grupo hegemónico, al grupo que tiene más poder y la UE, desde su antecedente el Pool del Carbón y el Acero del año 1950, ha estado dominada por el gran capital y la ideología capitalista y la estructura política de España se diseñó en la transición con el dominio neto de los grupos financieros, del gran capital y de los herederos de la dictadura franquista que se habían convertido en demócratas.
La tarea que tenemos delante es, por lo tanto, ingente. Aquí no se trata de cambiar solo al Presidente del Gobierno, es preciso cambiar profundamente las directrices del Estado y cambiar la estructura de la UE.