Continuamos con los recortes, ahora de las pensiones de jubilación. En la última campaña electoral Rajoy decía que nunca tocaría las pensiones pero después las cosas han cambiado.
De momento sabemos que hasta el año 2019 solo va a subir el 0,25 %, cualquiera que sea el IPC, si no cambia sustancialmente la situación, y luego se calcularán las regularizaciones con una compleja fórmula matemática en la que intervienen los ingresos y gastos de la Seguridad Social, el número de pensionistas y la esperanza de vida. Ha muerto el Pacto de Toledo aprobado en el año 1995 que garantizaba la regulación de las pensiones según el IPC.
La pérdida de poder adquisitivo de un jubilado que cobre la pensión media que se percibe en España de 981,92 € mensuales será la siguiente:

Los 9 millones de pensionistas que hay ahora sufrirán una paulatina pérdida de valor adquisitivo que repercutirá en la venta de los comercios y en los puestos de trabajo como ocurre con todos los recortes presupuestarios.
No hay que olvidar que los pensionistas ya han soportado otros recortes:

Los ajustes afectan a un sector de la población muy vulnerable que ahora se ve obligado a ayudar a sus hijos o nietos que están en paro. La supervivencia de muchas familias se debe a la ayuda de los mayores.
El Gobierno alega que los ingresos de la caja de pensiones son inferiores al coste de las jubilaciones que ya se eleva al 10 % del PIB y este coste puede aumentar porque en los próximos años aumentará el número de pensionistas.
Durante muchos años ha habido superávit pero en este año habrá un déficit de 10.918 millones de euros que cubrirá la caja de reserva. En los dos últimos años se han sacado 23.621 millones de esa caja. Ahora el saldo de reserva es de 59.000 millones.
El problema no está en la mayor esperanza de vida actual como muchas veces se comenta sino en los más de 6 millones de parados que no cotizan, en el acusado descenso de la afiliación a la Seguridad Social.
La única solución es reactivar la economía y generar empleo pero el Gobierno se ve obligado a lograr un equilibrio presupuestario por la exigencia del Art. 135 de nuestra Constitución, que se modificó en el año 2011 por exigencia de la Unión Europea, y solo actúa haciendo recortes presupuestarios que generan más paro.
Estamos siguiendo, ciertamente, las directrices de la Troika que está llevando a un desastre a los países de la periferia europea como Portugal, Grecia y Chipre, entre otros, situación que está generando tensiones entre el FMI, el Consejo Europeo y el BCE.
No hay que olvidar, finalmente, que el Estado es el garante del Sistema de Pensiones y en el hipotético caso de que se agotaran los recursos debería sufragarse el coste a cargo de los Presupuestos generales del Estado.
Deberíamos percatarnos de la gravedad de la situación y expresar al Gobierno nuestra repulsa a estas medidas.