Conferencia de Lorena Ruiz Huerta, pronunciada el pasado, 12 de diciembre , en el local de la Asociación de Vecinos Valle-Inclán de Prosperidad.

Nos acompañó Lorena Ruiz Huerta, en el ciclo de conferencias sobre “DEMOCRACIA Y…” Lorena es abogada penalista comprometida en la lucha por los derechos ciudadanos. Presidenta de la Asociación Libre de Abogad@s (ALA) hasta el mes de abril de 2013. Forma parte de la Plataforma No Somos Delito, que lucha por los derechos de los más vulnerables. Ha sido profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad es profesora en la misma Universidad dentro del programa “Legal Studies” para estudiantes norteamericanos.

Lorena comenzó hablando llanamente, como ella misma hizo constar para que la entendieran todos los oyentes, sin ambages, ni terminología legal, que a veces cuesta comprender.

El primer tema fue la reforma del Código Penal. Un Código Penal, dijo, que no tenía necesidad de reformas. Dio algunas cifras: En España hay 35 delitos por cada 10.000 habitantes, si se compara con países económicamente más desarrollados de Europa, esta cifra es la más baja. Así, en Alemania hay 76 delitos e Inglaterra 105, también por cada 10.000 habitantes.

¿Por qué entonces una nueva Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada Ley Mordaza) y una Reforma del Código Penal? La primera razón es que resulta más barato calificar como delito lo que hasta ahora eran faltas y aumentar las penas de prisión, etc., que una auténtica reforma social.
Encarar una asignatura para educar a la ciudadanía, apoyar la educación pública, no dirigida por particulares y clérigos, apoyar la sanidad pública y otra serie de mejoras para los ciudadanos con problemas mentales, respetar la igualdad de géneros, la igualdad de razas, la no explotación económica, encontrar una salida al paro… todo eso es mucho más difícil, más caro y necesita auténtico genio del que carecen los políticos españoles.

Los defensores de la reforma del Código Penal argumentan que hay que señalar condenas máximas. Lorena aclaró que las condenas máximas ya existen. Existe la cadena perpetua, por lo tanto no es necesaria la cadena perpetua revisable, sino para añadir la venganza y la crueldad, a la justicia, con la correspondiente negación de los Derechos Fundamentales.

Las medidas de seguridad para personas NO responsables, es otra de las reformas, además con carácter indefinido. El top manta, que necesitan para vivir quienes no logran conseguir trabajo ni integración en esta sociedad, pasa de ser falta a delito, y no sólo eso, la solidaridad con estos inmigrantes también será delito.

El fraude a la Administración Pública también se quiere penalizar desde el primer euro, pero sin embargo el fraude a Hacienda, que por supuesto suele ser mayor en los más poderosos económicamente, tiene unos topes para que no se llegue a penalizar a ciertos ciudadanos.

También se pretenden revisar los antecedentes penales, para que la posible reinserción no pueda realizarse antes de 25 años. Es decir, algo prácticamente imposible para quién haya cumplido una condena de más de 10 años. No volverá a reinsertarse en la vida.

Y sobre todo, algunos supuestos que no sólo son en teoría anticonstitucionales, sino anti-estado de Derecho: la víctima tendrá que probar que no tuvo otro remedio que delinquir. La carga de la prueba (toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario) revierte a la víctima y no al acusador, para de esta manera legislar contra el débil, porque las empresas (proxenetas, casinos con prostitución, etc.) siempre argumentarán que no tuvieron más remedio que hacerlo para conseguir mantenerse en la economía. Es decir en definitiva, la prostitución penalizará a los hombres y mujeres que la realicen, pero no a los que les inducen a realizarla, proxenetas, propietarios de clubes, casinos, etc.)

Los delitos de desorden público, verdadera piedra de toque para aquellos partidos que desean, desde el poder, gozar de impunidad, cobrarán mucha importancia desde el punto de vista de la criminalización, llegando, por supuesto a la resistencia pasiva. ¡Para evitar casos como los de Gandhi y Luther King, por ejemplo!

Los empleados de Seguridad Privada, pasarán a ser agentes de orden público, agentes de autoridad, no importa que su formación sea ínfima comparada con la formación de un policía nacional o un guardia civil. Aquí a los responsables de la reforma se les ve el plumero, a quién menos posee, es posible exigirle menos, pero también pagarle menos, es decir menos responsabilidad, menos coste y las acciones represivas que deseen sus jefes, que son empresarios privados.

La “okupación” de una finca, aunque esté deshabitada, aunque sea de forma pacífica, aunque se le dé una utilidad pública, pasa a ser delito. Y estas conductas se califican como alarma social. Lo mismo con los “scraches” que por cierto, señaló Lorena, jamás han sido más de 10.

Y también será posible que una misma conducta se pueda contemplar con más de una posibilidad, lesionando intereses legítimos de la cosa juzgada.

Después de esta exposición, Lorena tuvo lugar un coloquio, que resumiremos brevemente.

Una de ellas fue la de la lentitud de la Justicia, que puede dar lugar a prescripciones, impunidad, etc. La respuesta es que pese al esfuerzo del funcionario de Justicia, verdadero héroe de nuestro tiempo, la falta de presupuesto y la complicación de numerosos casos, de verdaderos picapleitos preparados para enredar los casos y posponerlos más, con recursos, diligencias, y cualquier otra burocracia, los poderes ejecutivo y legislativo deberían prestar más interés, pero en la situación actual, son estos dos poderes los más interesados en que la Justicia, con mayúscula, no salga del atolladero, dados los casos de corrupción, prevaricación, cohecho y otros que afectan a las instituciones llamadas democráticas, partidos, sindicados, fundaciones, etc., que pondrían en la picota a los mismos que deberían arreglar el problema.

La independencia de la justicia y la ausencia de participación ciudadana en la elección de los elementos del Poder Judicial, hacen presumir que la democracia no llega a estas instancias fue otra de las preguntas. Lorena respondió hábilmente que desde su punto de vista no ve problema en que los ejecutores de la Justicia sean funcionarios de carrera, a pesar de las presiones que calificó de políticas y de externas.
Y por supuesto salió el tema de los Fiscales. Si bien en sus declaraciones y estatutos prima siempre la independencia, los fiscales son jerárquicamente responsables ante el Fiscal General del Estado. Evidentemente tras sus actuaciones, está su carrera y su obediencia jerárquica.

El poco presupuesto y la organización decimonónica de las actuaciones judiciales también se citó como temas que preocupan.

Tras este panorama, salió la pregunta de siempre ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta de Lorena fue contundente: El ciudadano no tiene que tener miedo. La solidaridad ciudadana, la resistencia ante los hechos antidemocráticos que estamos viviendo: la negación de lo público, la ofensa a nuestro trabajo, a nuestras pensiones, a nuestras enfermedades, a nuestros hijos y su educación, etc., etc. son los actos necesarios que no nos deben hacer perder la ilusión y el esfuerzo por conseguir una justicia social mejor.

Precisamente con estas reformas se quiere llegar a la cultura del miedo. En las encuestas, la preocupación por la seguridad ciudadana está en el puesto 14. Entonces ¿por qué ponerlo en primer lugar como lo más importante socialmente hablando? Y la respuesta es evidente, el poder ejecutivo, con todas estas acciones antisociales está perdiendo votos. Y quiere tapar la boca a los disidentes, que cada día son más, incluso en su mismo partido, a base de represión, multas y cárcel.

También se tocó el tema de que en Europa se le mandan mensajes a nuestro Gobierno sobre estas leyes y reformas. Evidentemente son tirones de orejas, pero no se suele llegar a más.

Lorena invitó a todo aquel que quiera a participar en la Plataforma ‘No Somos Delito’, http://nosomosdelito.net, que se reúne cada quince días en Lavapiés.