Una encuesta del Centro de Información Sociológica (CIS), revela que un 68 % de los españoles opina que la ley no debería otorgar a los médicos el derecho a la objeción de conciencia; ocho de cada diez cree que el paciente debe saber la verdad sobre su enfermedad y un 74% opina que el paciente puede rechazar un tratamiento.

Dentro del ciclo “Por una muerte digna” de la Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad, ha participado el Dr. José Sarabia, quien comentó algunos de los aspectos que refleja una encuesta del CIS, a nivel Nacional, con 2.481 entrevistas entre la población de 18 años y más. Y con  un error del 2,0% en la que se aprecia una relación asimétrica médico-paciente, aunque los ciudadanos, manifiestan mayoritariamente la confianza en los médicos

Ante la objeción de conciencia, consecuencia de la libertad ideológica y religiosa, cuestión compleja, un 68 % de los ciudadanos manifiesta que los médicos no deberían tener ese derecho, por ley. La Administración debe velar para que sean compatibles los derechos de los profesionales sanitarios con los de los ciudadanos, propiciando la prestación del servicio asistencial con el ejercicio de la objeción.

Referente a la información, prácticamente ocho de cada diez piensan que los médicos tienen obligación de contar toda la verdad a los pacientes, aunque respetando la voluntad de los que no quieran ser informados. Si una vez informado el paciente éste rechaza el tratamiento, la opinión mayoritaria (74%) es que se respete la decisión del enfermo por encima de la del médico. En el caso de que el enfermo no pudiera decidir y la familia no llegara a un acuerdo, sólo un 30%, opina que debe prevalecer la opinión del médico. Son mayoría los que dicen que prevalezca  la opinión de la familia (55%).

En la encuesta es prácticamente unánime la consideración de que al final de su vida todas las personas deben tener derecho a la asistencia sanitaria que evite el dolor y alivie el sufrimiento, así como a interrumpir el tratamiento que prolongue su sufrimiento cuando queda poco tiempo de vida y no existe esperanza alguna de curación.

No obstante, hoy es frecuente que en la fase final de procesos irreversibles, aún sin existir posibilidades razonables de recuperación, se apliquen decisiones clínicas cuya finalidad sea mantener “vivos” a los pacientes a toda costa, utilizando medidas asistenciales que, según los conocimientos científicos del momento, son estériles.

Es lo que se denomina “encarnizamiento terapéutico”. Aceptar la muerte como un hecho vital no es un fracaso, ayudar a morir en paz es tan importante como curar y cuidar.

Sobre el debate “de sí deberían estar autorizados los médicos a poner fin a la vida de enfermos en fase terminal”, dado el significado equívoco del término “eutanasia” y el desconocimiento general del “suicidio asistido”, se formularon en la encuesta, cuatro preguntas para cada práctica, desde enfoques diferentes, describiendo de manera precisa y comprensible todas las opciones, para que todas las personas tuvieran idéntica referencia para sus respuestas

Un 63,3% de los ciudadanos cree que la ley debería autorizar a los médicos a que pudieran poner fin a la vida y sufrimientos de la persona que solicite libremente la “eutanasia”. Respecto al “suicidio médicamente asistido”, se acepta que se regule por Ley, aunque en menor proporción que la eutanasia. Es mayor la incertidumbre en cuanto a la conveniencia o no de regularlo y el desconocimiento de lo que implica.

Respecto a “Deberes y derechos de los pacientes. Voluntades anticipadas”. El avance legal que se ha producido es desconocido por la mayoría social: un 44,5% no sabía, en las fechas que se hizo la encuesta, 2009, sí existía alguna ley en España, que regulase los derechos y deberes de los pacientes. Estos derechos están reconocidos desde 1986 por la Ley General de Sanidad.

En el documento de instrucciones previas se recoge la expresión anticipada de la voluntad de una persona sobre cómo quiere ser tratada cuando no disponga de capacidad suficiente para tomar decisiones y expresar libremente su voluntad en caso de enfermedad, o en el caso de donar órganos o su cuerpo cuando fallezca. Para asegurar el cumplimiento de la voluntad de la persona, en 2002 se creó por Ley el Registro nacional de instrucciones previas.

Si el sistema sanitario garantizase la atención y los cuidados necesarios ¿Dónde quieren los enfermos ser atendidos en la fase final de enfermedades irreversibles? ¿En el hospital, en el domicilio o en centros especializados? Armonizar y hacer compatible los deseos del enfermo y la familia con los criterios clínicos, suele ser una tarea delicada, que requiere un esfuerzo por todas las partes. La encuesta pone en evidencia que, cuando la situación es irreversible, los ciudadanos consideran que siempre se debería procurar satisfacer los deseos del enfermo.

Artículo de referencia: “Atención a los pacientes con enfermedades en fase terminal: la opinión de los ciudadanos”, por José Sarabia Álvarezude y Paloma Santiago Gordillo, publicado en www.elservier.es/medicinaclínica

Med Clin (Bar) 2012:138(2):73-77