El presidente de Gobierno transmite una visión optimista de la economía española, reitera que ya se ha superado la crisis que arrastrábamos desde hace años, desde el 2007 o el 2008 y ahora estamos iniciando una etapa de expansión.
Menciona que el PIB es positivo después de una serie de años con valores negativos y que se está generando empleo a un buen ritmo. El paro, que en el año 2012 estaba por encima de los seis millones de personas, un 25,8 %, se ha reducido a 5.149.000, el 22,4 % de la población en edad de trabajar.
El Gobierno espera que, si se siguen las actuales directrices económicas, se acelerará el desarrollo y la creación de puestos de trabajo.
Las cifras macroeconómicas que presenta el Gobierno son favorables pero no se puede hablar de superación de la crisis cuando todavía tenemos el drama del paro, el drama de más de 5 millones de parados, cuando el 55 ,1 % de la juventud está en paro y muchos, muchísimos, los más preparados, emigran a otros países europeos en busca de trabajo, cuando 770.000 hogares no tienen ningún tipo de ingreso y hay 1.794.000 en los que todos los miembros de la familia están en paro.
Ahora, a pesar de las cifras macroeconómicas que difunde el Gobierno, el 78,2 % de la población considera que el paro es el principal problema y tenemos el 29,2 % en riesgo de pobreza o exclusión social.
Pero hay más, el 90 o 95 % de los nuevos puestos de trabajo son con contratos temporales, contratos en precario, que ya alcanzan el 26 % de la totalidad y han descendido sensiblemente los salarios, el 12,3 % de los trabajadores en activo son pobres.
En esta situación decir que se ha superado la crisis es desconocer la realidad e indigna que ahora aumenten los beneficios de la banca y de las grandes empresas, que haya más millonarios y que en los últimos años se hayan acentuado las diferencias sociales y económicas de la población. Ya somos el segundo país de la UE con más diferencias sociales.
Es urgente, entre otras medidas, impulsar los servicios y prestaciones sociales y hacer una reforma de la legislatura laboral para limitar los contratos laborales y subir los salarios mínimos de todas las actividades. Además, hay que hacer una reforma de la política fiscal para gravar más a las grandes fortunas.