. Extracto del artículo de “Plataforma No Gracias”
En el último mes, el gobierno del PP ha aprobado las tres iniciativas de más calado político sanitario (exceptuando el Decreto 16/2012) de toda la legislatura:
1.- La aprobación de la desgravación fiscal a los seguros privados
2.- El recurso y la paralización de la decisión del gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana de devolver el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles
3.- El acuerdo con Farmaindustria para garantizar el gasto farmacéutico ligándolo al incremento del PIB
Por su interés y rigor, reproducimos, parte de la contundente declaración de la Organización Médico Colegial que reitera que esta clase de acuerdos es difícilmente compatible con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y con las medidas contempladas en los Presupuestos Generales previstos para 2016.
«En el marco de la profunda crisis que comenzó en 2008 que ha significado una recesión económica sin precedentes en nuestra historia contemporánea… En el sector sanitario público se ha aplicado el mismo sistema que se ha agravado por la fuerte disminución del empleo, que se cuantifica en más de 40.000 puestos de trabajo, según datos del INE y de la EPA. Las cifras presupuestarias que se exponen a continuación no dejan lugar a dudas. El ajuste no se ha hecho con reformas sino con rotundos recortes.
Según la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), el gasto sanitario público ha pasado de representar un 6,8% del PIB en 2008 al 5,9% en 2013. Las cifras aún no disponibles de 2014 y 2015, prácticamente terminado, nos confirmarán a la baja la tendencia. Dicha previsión enviada oficialmente a la CE en Bruselas prevé para 2018 que el gasto sanitario público represente un 5,3% del PIB. Esto significa que, ineludiblemente, y según las previsiones del Gobierno, quedan todavía por recortar entre 6.000 y 7.000 millones de euros, incluso teniendo en cuenta las previsiones optimistas que acompañan al Plan sobre el crecimiento del PIB en este periodo.
Este objetivo de recorte-ajuste sanitario público global en el período 2010-2018, próximo a los 16.000 millones de euros, acordado con la Comisión Europea, solo es posible si se sigue afectando de forma prioritaria a la partida más importante que se refiere a los costes de personal (capítulo I), y ello en sus dos componentes: los salarios y la plantilla, pérdida de puestos de trabajo que se añadirían a los 40.000 perdidos en el sector sanitario público durante el periodo de recesión económica a los que ya se ha hecho referencia.
El gasto farmacéutico agregado constituye otro de los capítulos destacados del presupuesto sanitario público. Está constituido por el gasto a través de las recetas dispensadas en oficinas de farmacia a lo que debe añadirse el gasto en medicamentos hospitalarios. Un gasto que corresponde mayoritariamente a los fármacos innovadores y más recientes, lo que conlleva un más alto precio. A falta de datos oficiales, puede afirmarse que ese total de gasto farmacéutico global pagado por el SNS a través de los distintos agentes, especialmente, de las CCAA, superará en 2015 los 15.000 millones de euros, lo que lo aproxima al 25% del gasto sanitario público total. Hay que tener en cuenta, además, que desde julio de 2012 ayudan a la financiación de ese gasto los pensionistas, a través del nuevo copago, y la desfinanciación de los llamados ‘medicamentos de síndromes menores’ con casi 1.000 millones de euros anuales.
El compromiso de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con Farmaindustria de vincular una parte importante del gasto farmacéutico público al crecimiento del PIB, en contra de lo que se dice, hipoteca la sostenibilidad del SNS.
La única posibilidad de aproximarse a los compromisos del Plan de Estabilidad del Gobierno de España para 2018 pasa por la reducción de plantillas y salarios, y por aumentar la extraordinaria precariedad laboral e inestabilidad de buena parte del personal sanitario y, en consecuencia, aumentar las listas de espera y bajar la calidad asistencial. Con este protocolo todas esas variables pueden verse afectadas aún más negativa e insolidariamente.
También es paradójica la coincidencia de la firma de este protocolo con la publicación, esta misma semana, del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el «Panorama de Salud 2015» que advierte que el alto precio de los nuevos medicamentos provocará un desajuste en los presupuestos sanitarios, que ya alcanza de promedio el 20% de todo el gasto en salud, estando España aún por encima. El informe considera que estos precios parecen determinados más por las condiciones del "mercado" que por el valor en términos de beneficios clínicos o más amplios para los pacientes.
Por todo ello, la corporación médica asumirá las responsabilidades institucionales y profesionales que le correspondan para seguir con el compromiso incondicional de defensa del Sistema Nacional de Salud y de su sostenibilidad para las próximas generaciones, todo ello desde la legitimidad del contrato social de ciudadanía sanitaria".
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