El Estatuto de Autonomía de Cataluña, fue aprobado por las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos de Cataluña el 18 de junio 2006, con el resultado de: 73,90% votos a favor 20,76% en contra y 5,34% en blanco.

El PP puso un recurso de inconstitucionalidad, y cuatro años después el Tribunal Constitucional cuestionó un total de 50 artículos y dictaminó que 14 de ellos eran inconstitucionales.

Se produjo en Cataluña una gran manifestación de rechazo a la sentencia bajo el lema: “Somos una nación, nosotros decidimos”, “No nos conformamos”, “Queremos el Estatuto íntegro”.

No pocos anunciaron que aumentaría el independentismo. Por aquellos días, el periodista Iñaki Gabilondo advertía en el programa “Hoy por hoy”, de la Cadena Ser, que Rajoy tenía delante un gran problema que se llamaba Cataluña y que no lo debería obviar porque llegaría a explotar.

Han pasado los años, Rajoy hizo oídos sordos a lo que ocurría y el problema se ha ido agrandando con una mayoría independentista en el Parlament y grandes manifestaciones en las sucesivas diadas; que han culminado con la aprobación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad en los plenos del 6 y 7 de este septiembre en el Parlament, para poder llegar a la proclamación de la República Catalana.

En consecuencia el primero de octubre se celebró un referéndum ilegal, en medio de fuertes medidas represivas y cargas policiales, que intentaron evitarlo y cuyos reportajes gráficos fueron objeto de portadas en diferentes medios nacionales e internacionales al día siguiente.

Desde entonces se ha creado una situación de grave crisis institucional, con una seria fractura social, cambio de las sedes sociales de numerosas empresas que ha causado pérdidas económicas en Cataluña, con la consiguiente repercusión en el crecimiento previsto de la economía nacional.

Sin dar paso al diálogo, tras un largo cruce de cartas entre el presidente del Gobierno y el del Govern se ha llegado a medidas extremas que serán la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno del presidente Rajoy y la posible declaración de la DUI ( Declaración Unilateral de Independencia) por parte del Gobierno de Cataluña, mientras que una mayoría de ciudadanos en todas las ciudades de España piden que se dialogue y se busquen soluciones políticas a un problema que es político y que hasta la fecha ha sido abordado por parte del Gobierno con medidas policiales o judiciales.

Que los políticos busquen salidas imaginativas que no sean medidas represivas. Tendrían que sentarse y pactar el desacuerdo, cualquiera de las otras dos opciones: aplicar el art. 155 de la Constitución, interviniendo la Autonomía de Cataluña, o la proclamación de la DUI, repercutirá desfavorablemente en los ciudadanos, que son los que sufren las consecuencias.