Frente al discurso de los responsables políticos de Madrid que minusvalora públicamente el importante papel que las despensas solidarias y las asociaciones vecinales están teniendo a la hora de paliar la crisis social provocada por la COVID-19 están los hechos de los trabajadores sociales del mismo Ayuntamiento. Muchos de estos empleados públicos, cuando la administración no es capaz de responder a las demandas de ayuda de personas necesitadas que se acercan buscando alguna solución, derivan a estas personas a redes de voluntarios que, de forma ágil y sin demasiada burocracia, llevan más de un año atendiendo situaciones desesperadas.

Habitualmente, de estas derivaciones no queda constancia por escrito. El Ayuntamiento afirma que atiende a todas las personas que necesitan ayuda. Sin embargo, de vez en cuando, algún trabajador social deja huella en documento oficial constatando que eso no es así exactamente. Este lunes, a través de las redes sociales, la Asociación Vecinal de Aluche, hacía público el caso de una familia que llamó a su puerta con una carta del Centro de Servicios Sociales Los Yébenes/Latina. En ella, un trabajador social solicita a este colectivo vecinal que, dada su «situación de severa exclusión social», «valoren la inclusión de esta unidad familiar en su programa de reparto de alimentos y productos de primera necesidad».

El de la Asociación Vecinal de Aluche no es el único documento que prueba esta actuación del Ayuntamiento. La Casa Vecinal de Tetuán, que lleva a cabo campañas de recogida de ropa y de alimentos para personas necesitadas, recibió a finales de 2020 a una familia derivada del Centro de Servicios Sociales María Zayas.

De nuevo, en un documento oficial, dirigido al «Colmado popular – Casa Vecinal de Tetuán», una trabajadora social hacía constar lo siguiente: «Familia en situación de vulnerabilidad por los escasos ingresos con los que cuenta para cobertura de necesidades». El escrito decía que el Ingreso Mínimo Vital de 400 euros que estaba percibiendo la unidad familiar no le daba ni para el pago del alquiler de su vivienda. Por las mismas fechas, desde el citado centro de servicios sociales, y papel oficial mediante, también derivaron otro caso similar, el de una familia en situación de ERTE con el siguiente diagnóstico: «Riesgo social por escasez de ingresos» con «dificultades para cubrir las necesidades básicas de los menores».

Antonio Ortiz, miembro de la Casa Vecinal de Tetuán, indica que quienes acuden a ellos en busca de ayuda son derivados por los servicios municipales de la zona, «que son quienes tienen que atenderlos en última instancia», pero que, en ocasiones, les llega gente que ya ha pasado por ellos y que, algunos, como en los casos expuestos, tienen incluso un documento oficial de derivación.

Pese a lo expuesto, lo normal es que de esas derivaciones, que se producen de forma constante, no se deje rastro documental. Consultados al respecto, fuentes de servicios sociales del distrito Centro indican que, en esos otros casos, técnicamente no se podría hablar de derivaciones de personas necesitadas hacia las redes vecinales de apoyo, sino que algunos trabajadores municipales, «por propia iniciativa», informan a quienes acuden a ellos de qué colectivo de su zona les podría echar una mano.

Ángela Acosta es una de esas personas derivadas, o informadas, según la versión del Ayuntamiento. Según cuenta, fue la asistenta que llevaba su caso en el centro de servicios sociales de la calle Espronceda, en el distrito de Chamberí, la que le puso en contacto hace un año con la Despensa Solidaria de Chamberí, una de las organizaciones de la Casa de Cultura del distrito, otro centro vecinal.

«Desde la Casa de Cultura de Chamberí me llamaron y desde entonces no han dejado de ayudarme con alimentos y, a través de mí, han ayudado también a otras muchas personas que estaban necesitadas. Servicios Sociales no me ha vuelto a dar nada. La gente de la Casa de Cultura de Chamberí es mi único apoyo actual», afirma. Ángela teme que la continuidad de esta despensa solidaria esté en serio peligro al no haber renovado la Junta de Chamberí la cesión del local municipal donde opera. «Me parece increíble que quieran quitar el espacio al que ellos mismos derivan a personas para que los vecinos les ayuden».

Los casos de personas a las que los servicios sociales municipales enviaron a la Despensa Solidaria de Chamberí son numerosos y de ellos queda también constancia en los muchos correos electrónicos recibidos con sus datos. Por otra parte, el pasado 2 de marzo la asociación Hola Vecinas recibía la llamada telefónica de una técnica del Centro de Servicios Sociales de Puerta de Toledo (distrito Centro) que buscaba ayuda de otro tipo.

Lucía López, una de las voluntarias de la asociación, del barrio de Lavapiés, cuenta que le solicitaron que acogiera en su espacio a una niña de origen marroquí, de ocho años, que presentaba un importante retraso académico y que tenía dificultades con el aprendizaje, siendo hija de madre soltera sin posibilidad para ayudarle. La asociación decidió dar un servicio de acompañamiento a personas con dificultades que fuera más allá de la entrega de comida.

Laura Correa, voluntaria del colectivo Malasaña Acompaña, afirma que, aunque en los últimos tiempos ya no es así, una trabajadora social del centro de salud del área le contactó en distintas ocasiones, a través de correos electrónicos, para que algún voluntario de la red fuera a pinchar heparina a una persona mayor que no podía hacerlo por sí misma. En otra ocasión, se les solicitó acompañamiento para una señora con problemas psicológicos que no quería tomar su medicación. Ambos casos les fueron derivados en junio de 2020.

Anteriormente, les llamaron directamente para pedir que se hicieran cargo de un turista enfermo de Covid que se había quedado atrapado en un hostal de la zona sin dinero para subsistir. Malasaña Acompaña proporcionó alimentos a esta persona y le pagó el billete de vuelta tras una colecta entre simpatizantes. Esta red sigue repartiendo alimentos a familias necesitadas desde el edificio conocido como la Casa del Cura, que, al igual que la Casa de Cultura de Chamberí, se encuentra bajo amenaza de expulsión por parte del Ayuntamiento. El Consistorio está empeñado en recuperar ese espacio municipal pese a que supondría que más de 600 personas dejaran de percibir la ayuda mensual que les proporciona esta despensa.

Ninguna de las asociaciones o colectivos vecinales mencionados reciben subvención o ayuda alguna por parte de la administración para que se ocupen de estos temas. Las redes solidarias de Madrid, que llevan más de un año realizando labores asistenciales que corresponden a la administración, vienen reclamando vehementemente a las instituciones que asuman su responsabilidad. En la actualidad estudian emprender acciones conjuntas para denunciar la «dejación de funciones por parte de las administraciones ante la persistencia en el tiempo de la carencia de alimentos y otros productos de primera necesidad entre miles de familias en Madrid”.