Los primeros días de la pandemia en Madrid, cuando en atención primaria (AP) nuestras plantillas se redujeron de forma importante (para cubrir personal del Ifema y por nuestros compañeros enfermos), cuando cerraron injustificadamente los servicios de Urgencia de atención primaria, cuando los ancianos de las residencias morían abandonados sin asistencia, de forma inhumana y cuando en los hospitales se habilitaba cualquier espacio para poner camas de UCI, entonces se me cruzó un pensamiento: puede ser la excusa perfecta para acelerar el deterioro del sistema sanitario público en Madrid, intensificar esto que el PP lleva haciendo tantos años…

Descarté la posibilidad de que, en medio de tanto dolor y sufrimiento, hubiera seres tan desalmados, capaces de anteponer sus negocios y su hoja de ruta, a la salud de la ciudadanía.

Lo descarté para poder seguir trabajando, sin escatimar esfuerzo.

Necesité desechar esa probabilidad porque, si la admitía, tendría que sentirme parte de una sociedad despiadada y sin valores, brutal y sanguinaria.

Ya han pasado más de dos años del principio de esta pesadilla y es evidente el acoso y derribo de la AP. No hay duda sobre el interés del hundimiento de nuestros centros de salud y se ha confirmado la bajeza moral y la falta de escrúpulos de los responsables del declive: Fernández Lasquetty, Ruiz Escudero y Díaz-Ayuso.

No dedican dinero para contratar plantilla estructural y asistimos atónitos al expolio del dinero público, destinado fraudulentamente a sus allegados. Los 40 días de funcionamiento del Ifema nos costó 59 millones y despidieron antes de tiempo a 9.000 profesionales. Con la nave Zendal son 180 los millones dilapidados en un año, con atención a 8.000 pacientes (según sus datos, por lo que cada paciente ha supuesto 22.500 euros de coste) y ha llevado a triplicar las listas de espera hospitalarias.

La  gerencia de AP en Madrid colabora intensamente en el maltrato de los profesionales y en la pérdida de sus características esenciales: la accesibilidad, la longitudinalidad y la presencia y cercanía.

La falta de personal administrativo produce dificultad en el acceso telefónico y esto conduce a vergonzosas colas en la entrada.

La pandemia ha supuesto un aumento importante de plazas vacantes: todas las jubilaciones y los traslados definitivos quedan sin ser cubiertos por otro profesional, así hay más de 400.000 personas en Madrid que no tienen médico o pediatra asignado y no lo saben.

Cuando estas personas solicitan atención, serán atendidos por otro profesional del centro. Esta situación impide la longitudinalidad, que supone ser atendido de forma continua por el mismo profesional, lo cual se ha demostrado de forma científica que mejora la salud de la población.

Todos los días, prácticamente todas las ausencias (las temporales y las definitivas) se reparten entre los profesionales del centro, suponiendo una importante sobrecarga asistencial añadida a las extensas agendas. El raquítico tiempo disponible inicialmente para cada paciente, entre 5 y 7 míseros minutos, se acorta aún más con los repartos.

Tras tanto profesional diferente, el paciente solicita cambio de médico. Aferrándose a la «libre elección», esas plazas se van vaciando y el final es la amortización, la desaparición de la plaza. Jugada perfecta.

Es tal la sobrecarga a la que estamos siendo sometidos por los repartos de los ausentes, que la gerencia nos intenta comprar con algo de dinero, pagando un complemento desde hace 2 meses por tarjetas sanitarias atendidas, como si el dinero nos pudiera mejorar las condiciones laborales indignas, como si el dinero nos diera más tiempo para atender adecuadamente al paciente.

Otra de las condiciones esenciales de la AP es la presencia, nunca la atención telemática puede sustituir a la atención presencial en una relación terapéutica. Es patético intentar localizar un dolor por teléfono e imposible explorarlo. Es muy frustrante sostener una crisis de ansiedad sin presencia y, desgraciadamente, el nivel de ansiedad es muy alto en toda la población en estos difíciles momentos. Vivimos cada día más solos y más aislados, sin darnos cuenta de la importancia de la presencia y el contacto, absolutamente necesarios.

La consulta telefónica tiene sus indicaciones: temas burocráticos de receta o baja laboral, explicar resultados de analítica y alguna duda, poco más. Pues bien, la Consejería acaba de anunciar la creación de una Centralita Sanitarizada con más de 80 profesionales, que darán atención telefónica. Lo venderán como Unidad de apoyo a la AP, en realidad sería un agravio comparativo con la privada el mantener atención presencial en nuestros centros de salud.

Están destinando mucho dinero a tecnología y muy poco a mantener plantillas. Acaban de despedir a casi 7000 profesionales que tenían contratos de refuerzo, el personal es un recurso de usar y tirar. Aún así, seguirán esgrimiendo que no hay profesionales, cuando están forzando el éxodo.

Si el deseo fuera reforzar realmente, harían contratos estructurales en los Centros de Salud y eso, ni lo han hecho, ni lo van a hacer.

No nos engañemos, la atención primaria no es interesante para sus negocios. Una atención primaria potente promueve la salud y previene la enfermedad. Con condiciones adecuadas, en los centros de salud se da atención resolutiva en más del 80% de las consultas, evitando su llegada a urgencias.

Si contamos con el tiempo necesario, disminuimos la utilización de fármacos y la derivación a especialista.

Todo esto disminuye el negocio de la industria farmacéutica y de la privatización encubierta.

Es preferible el caos, colas interminables, atención no satisfactoria, creación de call center privado, para así empujar a la población a contratar un seguro privado (ya el 39% de la población lo tiene), robando a la ciudadanía su  derecho a una sanidad pública, universal y de calidad, que no es gratuita porque cada uno de los que aquí vivimos la sufragamos.

El colofón de maltrato hacia los que trabajamos en los centros de salud han sido las calumnias vejatorias de Díaz-Ayuso hacia nuestra actividad laboral, con ellas y la inestimable colaboración  de diversos medios de comunicación, parte de la ciudadanía ha mordido el anzuelo y nos culpabiliza a los trabajadores del mal funcionamiento secundario a la premeditada nefasta gestión.

La pregunta quizá sea: ¿cómo es que los trabajadores no se movilizan?

No tengo clara la respuesta. Imagino que influye la “anestesia“ general de la sociedad, el cansancio físico y emocional, la desesperanza de no ver un posible cambio, la “normalización” de nuestra sobrecarga o el miedo a represalias (más del 53% de los contratos son precarios).

En mi caso, el miedo es a ser cómplice del derribo y creo que todos nosotros lo somos, si no informamos a la ciudadanía de lo que sucede puertas adentro.

Autopsia de la sanidad pública madrileña

Atender cada día entre 40 y 50 personas, de forma presencial y telefónica, pone en juego la dignidad del profesional (que no tiene tiempo físico ) y la del paciente (que debe ser tratado como se merece) y supone para mí un grave conflicto.

No tengo capacidad para cambiar las condiciones, algunos compañeros han decidido abandonar su trabajo, desde un necesario autocuidado y buscando otras posibilidades.

Me cuesta abandonar este barco que se hunde, en el que llevo 36 años de trabajo y comprometida defensa.

Para poder continuar, hago de la consulta un lugar inviolable y del mejor trato posible, un acto revolucionario.

Termino con una buena noticia: la ciudadanía despierta. En diferentes rincones, sumando sus fuerzas, comienza a organizarse. Ya son muchos los pueblos y barrios que empiezan a desentumecerse, a frotarse los ojos y ver la realidad.

Solo hace falta que consigamos creernos que es posible.

Ana Encinas. Médica de Atención Primaria | Plataforma de Centros de Salud | Asamblea de pueblos y barrios | Consejo de Salud de Carabanchel | Juntas x la pública

Publicado en www.nuevatribuna.es