Europa Laica en su XX aniversario (2001-2021) publicó el libro “Equidad Laica”, que son 43 artículos seleccionados del Grupo Pensamiento Laico en el diario Público digital. Artículos publicados entre 2017 y 2021, que apoyan la laicidad del Estado entendida como un valor democrático que defiende la libertad de conciencia de la ciudadanía, una libertad que requiere un aprendizaje de los principios democráticos. Por eso es tan importante la laicidad en la educación, sin ella la libertad de conciencia es un brindis al sol.

Desde los resplandores áureos del firmamento digital entendemos que hay que acabar con el monopolio de la religión como única parturienta de la equidad. Desde el laicismo surge la equidad y la lucha por conseguir un espacio que confronte a los poderes de las iglesias como únicos soportes que desplazan el peso de la equidad hacia sus intereses.

La laicidad del Estado requiere que la esfera religiosa tenga su propio ámbito y no interfiera con la acción pública. El laicismo no está en contra de la religión, ni tampoco es otra ideología o creencia más, comparable al catolicismo, el agnosticismo, al ateísmo o a otros ismos.

El grupo Pensamiento Laico, autor de los artículos de este libro, está integrado por profesores universitarios o personas del ámbito de la cultura que de una forma generosa y solidaria dan su tiempo y sus capacidades para apoyar unas ideas que consideran dignas y justas para su difusión.

Este grupo está compuesto por personas que ya han venido a la Asociación Vecinal Valle Inclán a presentar sus diferentes proyectos en repetidas ocasiones. Los responsables de estos artículos, por orden alfabético, son: Nazanín Armanian, Enrique J. Diez Gutiérrez, María José Fariñas Dulce, Pedro López López, Rosa Regás Pagés, Javier Sádaba Garay, Waleed Saleh Alkhalifa, Francisco Delgado y Ana Maria Vacas.

Fue desde nuestra Transición modélica basada en colocar a todas las fuerzas existentes en un hueco democrático, a base, claro está, de puestos institucionales y dinero de los presupuestos del Estado, cuando aparecen los Acuerdos con la Santa Sede, impensables en cualquier democracia reconstituida. Pero las fuerzas de la Transición mayoritariamente herederas del franquismo, se oponían en las sombras, y las sombras eran muy profundas. Hoyos negros basados en la fuerza de las armas, en la fuerza de la religión y en el miedo de los representantes de la dictadura que tenían que encontrar su sitio. Así surge una ley de Amnistía, en 1977, que solicitada por la izquierda, a quién realmente benefició fue a la derecha de este país, que escapaba así con total impunidad de los crímenes cometidos, e impedía estudiar y denunciar a los desaparecidos y fusilados en las cunetas.

Y la llamaron modélica porque se realizó con acuerdos y parcheos de unos y otros, con más miedo que vergüenza. En medio de todo ésto, muy lejos de la “ruptura” solicitada por unos pocos, aparecen los Acuerdos de la Santa Sede, con cierta oposición personalista, Guerra-González, pero que claramente demostró quién tenía, y tiene, aún hoy, el verdadero poder sobre las conciencias.

De todo ello nos ilustró Juan José Picó, de Europa Laica, y específicamente sobre la anomalía democrática que ha supuesto aceptar unos Acuerdos, que entre otros beneficios, obtiene para la Iglesia católica española, 12.000 millones de euros, aparte de ese porcentaje en la declaración de renta de cada ciudadano que piensa que necesitan ese óbolo para las pobres parroquias. No ocuparé una parcela que conoce muy bien Europa Laica, y por eso hemos traído a la Asociación Vecinal Valle Inclán de Prosperidad a un representante para que nos explique de una manera exhaustiva esta anomalía democrática, precisamente coincidiendo con la elección en la Conferencia Episcopal Española, del más conservador de los obispos españoles, Luis Argüello.

Juan José nos explicó claramente la diferencia entre los Acuerdos con la Santa Sede y otro tipo de Acuerdos internacionales. Mientras que en estos últimos, dos naciones intercambian los diferentes intereses comerciales, políticos, geográficos, para conseguir una solución beneficiosa a ambos países, en unos Acuerdos con la Santa Sede, Estado muy sui géneris, que protege a todas las iglesias católicas de cualquier parte del mundo sin perder su nacionalidad de origen, consigue acordar una serie de beneficios sin contraprestación material, solamente con la presión religiosa sobre las conciencias de las personas del país, que acepta negociar dichos Acuerdos.

Y así se normalizan unos acuerdos económicos, jurídicos, políticos en suma, donde el deudor es el Estado que los acepta y el acreedor las diferentes instituciones del país de ese mismo Estado. Instituciones al fin y al cabo privadas, que recibe con total anomalía democrática, unos beneficios que otros no tienen.

Entre los Acuerdos económicos destacan los fiscales. Así la Iglesia católica española recibe desde el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una serie de cantidades de aquellas personas, católicas o no, que han marcado la casilla de la Iglesia. Hay otra casilla para fines sociales, pero que no se escapa de estos beneficios, ya que muchas asociaciones con fin social también pertenecen a la Iglesia: Cáritas, Ayuda contra el hambre, etc. etc.

Item más, aunque el ciudadano honesto piense que no debe cooperar con sus rentas al beneficio de una institución privada como es la Iglesia, se equivoca, porque desconoce o si lo conoce no puede hacer nada, que parte de esa cuota de I.R.P.F. también va a ir a los bolsillos de la Iglesia en virtud de esos acuerdos. Ya que todos los ingresos del Estado, de los diferentes impuestos, se ven mermados, por las exenciones que recibe la Iglesia en Impuestos tales como el de Sociedades y el IBI, por ejemplo, habiendo conseguido que al final de todo, la Iglesia esté sujeta tan sólo al IRPF y al IVA.

En definitiva, una entidad privada percibe como consecuencia de unos Acuerdos, firmados por un Ejecutivo, sin pasar por el referéndum de todos los ciudadanos, y con el tamiz institucional de la Constitución española, que con el matiz de Estado “aconfesional”, muy lejano del Estado Laico, beneficia a toda una jerarquía eclesiástica, que tiene el poder de repartir ese beneficio según su criterio.

Y no podemos dejar de hablar de las inmatriculaciones con las que la Iglesia ha puesto a su nombre todos aquellos bienes inmuebles que de una forma u otra, no le pertenecían y que en una maniobra jurídica, apoyada, sin duda, por un Gobierno proclive hace unos años, derivó a su propiedad los bienes materiales de monasterios, hospitales, iglesias, ermitas, y todo aquello de lo que se podía aprovechar en virtud de una legislación caduca y que todavía nadie, políticamente, ha sabido resolver.

De tal forma, que mientras hace unos años, se decía con cierta sorna que los duques de Alba podían ir por sus tierras desde la capital hasta el estrecho de Gibraltar, hoy se puede decir que el mayor propietario del patrimonio español es la Iglesia católica.

Con poderes tales, como impedir la entrada a las iglesias, sin pago de una cuota turística, lo que nos sorprendió, en catedrales e iglesias tales como la de Segovia, El Escorial, la iglesia adjunta a la mezquita de Córdoba, etc. Recordamos que en El Escorial tuvimos que entrar como fieles a una de las misas, porque por la otra puerta cobraban por entrar. Y en cuántas de ellas, por ver iluminada la Iglesia, hay que pagar una pequeña limosna para que se enciendan las luces. En fin una serie de privilegios muy lejos de una ética, incluso católica. Y la preponderancia de este poder viene como consecuencia de esos Acuerdos.

Juan José Picó, nos explicó todos esos detalles y muchos más, para demostrar fehacientemente que esos Acuerdos pergeñados en el franquismo, y sacados de la manga a los dos días de aprobada la Constitución, no son más que una anomalía democrática que deberían ser repensados y claro está, con el cambio constitucional a un Estado Laico.